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Fco. Fernández-Pro

Finalizando esta reflexión que iniciamos hace dos artículos, convendría que nos hiciéramos algunas preguntas: ¿de donde viene esta permisividad?, ¿quién acordó tantos privilegios para la clase política?;… y, llegados a este punto, puede ser que algunos de nosotros –porque yo me incluyo entre ellos- tengamos que recapitular sobre aspectos de nuestra Democracia que, hasta hoy, considerábamos casi dogmas de fe.

Siempre defendí, contra capa y espada, el proceso constitucional “de la Transición” y, sobre todo, el valor que tuvo y lo que significó el consenso al que llegaron los políticos de la época y que propició la posterior aprobación de la Constitución por el Pueblo. Lo defendí por muchos aspectos que consideraba positivos y que no cabe dudas de que lo fueron pero, fundamentalmente, por el hecho de que, gracias a la generosidad de los protagonistas del momento, se consiguió –por primera vez en la Historia- un proceso de cambio político tan delicado como el que se produjo en España.

Sin embargo, hay que ser objetivo y, tras todos estos años y los datos que se fueron conociendo sobre aquel proceso, ahora podemos advertir de donde pueden venir los lodos que ahora sufrimos y esos privilegios de la clase política a los que nos referíamos en las dos primeras partes de este artículo.

Analizando el asunto, nos damos cuenta de que, por un lado, se renunció a la primera de las reivindicaciones que deberían haber sido consideradas: el Referéndum para decidir si se restablecía la República o se mantenía el nuevo Jefe del Estado designado por Franco y, con él, un sistema monárquico impuesto. Socialistas y Comunistas (con Felipe, Alfonso y Carrillo, a la cabeza) cedieron en este punto pero, según parece, a cambio de una Ley Electoral que no les perjudicara demasiado, teniendo en cuenta un par de cosas: que, durante cuarenta años, los españoles con edad de votar, casi sólo habían conocido políticos del Régimen y que, de alguna forma, había que arrinconar fuerzas políticas poco representativas y muy extremistas, tanto por la derecha como por la izquierda (según parece, aquí cedió Fraga que, tras su paso por la embajada londinense, apostaba por una fórmula como la del Reino Unido).

Al final, la Constitución, para que fuera de todos, tuvo que responder a los intereses de todos –tan distintos y tan distantes- y resultó un pastiche extrañísimo en el que, por ejemplo, la Ley Electoral permitía que partidos con más del doble de votos que otros, tuviera la mitad de representantes en el Congreso de los Diputados; que, a fuerza de ceder a los intereses de ciertas regiones, apareciera una España asimétrica de dos e, incluso, tres velocidades y, por tanto, que se creara un claro agravio comparativo entre españoles de primera, de segunda e, incluso de tercera clase; que, permaneciendo las antiguas estructuras provinciales y del Gobierno Civil (ahora llamadas Delegaciones del Gobierno), se sumaran otras autonómicas mucho más complejas que, a la postre, lo que provocaron fue continuos conflictos de intereses, duplicidad de competencias, multiplicación del gasto de las Administraciones Públicas, descontrol, muchos aforamientos,…. y, con todo ello,  el descontento general de los ciudadanos de a pie que, a fin de cuentas, son los que cargan, sobre sus espaldas –con continuos cabreos y elevados impuestos-, toda esta espantosa maquinaria, ya obsoleta para el servicio del Pueblo -cuyas necesidades y prioridades ahora son otras-, pero que como el primer día colma a la clase política de nuestro país de privilegios que rayan lo obsceno y beneficios que, a veces, sobrepasan los límites de lo ético.

La Constitución que nos permitió votar, no supo establecer la garantía para que todos los votos tuvieran, exactamente, el mismo valor en su representatividad; ni estableció, tampoco los límites imprescindibles para el ejercicio del poder. Esa Constitución que reconoció un Sistema de Autonomías y descentralización, lo hizo de forma tan inespecífica, tan caótica que, al final, el juego de presiones y subterfugios, propició –con el intercambio de favores entre los distintos partidos políticos- una descentralización descoordinada, descontrolada, despilfarradora y corrupta que, más que a los intereses ciudadanos, ha respondido –y sigue respondiendo- a los de los caciques y las oligarquías de cada Comunidad y que, en última instancia, amenaza la unidad del Estado y, por supuesto, devalúa todos los conceptos de Unidad y Patria (empezando por la propia terminología y sus símbolos que, en cualquier país del Mundo suponen una referencia de unidad-fuerza y un motivo de orgullo y que, en el nuestro, prácticamente se ha convertido en un signo casposo de fascismo rancio)

Por todo lo dicho, se hace necesaria una revisión de esta Constitución que hoy, fundamentalmente, sirve para que los herederos de los que la firmaron, sigan contando con la ventaja que los políticos de entonces se concedieron por las circunstancias excepcionales que vivíamos. En los políticos de hoy en día, se aprecia un claro temor a perder esos privilegios y, sin embargo, parecen no darse cuenta de que esa conducta –que explota, deprime y ahoga al ciudadano de a pie- nos está conduciendo irremisiblemente al populismo que tanto renta a los falsos profetas.

Una Constitución debe ser eficaz para los españoles y, para ello, no tiene más remedio que propiciar la creación de unas estructuras en el Estado, posibles, equilibradas y fiables, que se vinculen pero no se influyan, que coexistan pero no se enfrenten y que, en vez de alimentar el agravio, favorezcan la igualdad de todos los españoles.

Una Constitución, en definitiva, debe evitar el repartimiento de privilegios, la diferencia entre ciudadanos y la desconfianza de los que debemos vivir bajo su amparo… y, por eso, la Razón nos dicta que actualizar la que tenemos ahora –y que tanto y tan bien nos sirvió cuando fue preciso-, es la única salida que nos queda.

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