Écija – El Portal Temático Cultural

En diciembre de 2007, tras un largo y complejo proceso en el Congreso, se aprobó la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Es la que conocemos como Ley de Memoria Histórica. Casi una década después, con una crisis económica brutal de por medio y un cambio a la derecha en el Gobierno central, las asociaciones memorialistas coinciden en señalar que su aplicación no es ya la prioridad de nadie, que la norma fue un instrumento notable, un buen primer paso, pero que no traía bajo el brazo ni la verdad ni la justicia ni la reparación que se anhelaba.

El Parlamento andaluz ha ahondado en aquel espíritu y ha aprobado sin un solo voto en contra una nueva norma, la Ley de Memoria Democrática, una iniciativa presentada por Izquierda Unida ya en 2011 pero se quedó parada por las últimas elecciones regionales, tras la quiebra del acuerdo de Gobierno entre esta formación y los socialistas de la presidenta Susana Díaz. El texto ha contado con el apoyo de PSOE, IU y Podemos -que ha introducido enmiendas esenciales- y con la abstención de PP y Ciudadanos.

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