El caso del Palacio de Peñaflor continúa en el juzgado, pendiente de declaraciones para su resolución.

La causa incoada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Écija , en torno a las polémicas obras de rehabilitación promovidas por el Ayuntamiento astigitano en el palacio de Peñaflor, construido entre 1700 y 1775 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), está pendiente aún de que preste declaración como imputado Antonio L.T., quien fuera gerente de la empresa adjudicatarias de estas obras en cuestión.

Fernando Osuna, el abogado que representa al Grupo andalucista del Ayuntamiento de Écija en estas diligencias, ha informado a Europa Press de que ha trascendido que Antonio L.T. ocupa un acta de concejal por el PP en el Ayuntamiento de Lobras (Granada), extremo que de hecho figura en la propia página web de este consistorio alpujarreño. Tal información, según Osuna, ha sido trasladada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Écija, al objeto de que promueva las "gestiones" necesarias para que sea nuevamente llamado a declarar.

Antonio L.T., en ese sentido, ya fue llamado a declarar por esta causa por un juzgado de Roquetas de Mar (Almería), dado que las diligencias le localizaban en este municipio costero.

CAUSA DESPERTADA POR UN PARTICULAR

La causa parte de la denuncia formulada hace unos años por un ciudadano, a título particular, a cuenta de la situación del palacio de Peñaflor, propiedad del Ayuntamiento de Écija. En 2004, el monumento fue objeto de un concurso público promovido por el Ayuntamiento y orientado a su rehabilitación y transformación en un hotel de cuatro estrellas y 58 habitaciones.

Tras quedar desierto el concurso público, las obras fueron finalmente encargadas a 'Viturse S.L.' en un procedimiento negociado sin publicidad. En 2006, de cualquier forma, el Ayuntamiento de Écija entregó la correspondiente licencia de obra a la empresa adjudicataria de los trabajos, si bien la adjudicataria no abonó las tasas municipales y, en febrero de 2007, una inspección habría descubierto que la empresa había comenzado una serie de sondeos en el interior del monumento sin haber cumplido el mencionado y obligado pago. En abril de 2008, finalmente, el por entonces Gobierno municipal de Juan Wic (PSOE) resolvió el contrato dados los "incumplimientos" de la constructora adjudicataria.

INFORME REVELADOR

Entretanto, la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 'Luis Vélez de Guevara', radicada en Écija, había emitido de su lado un informe en el que resuelve que las obras acometidas por 'Viturse S.L.' no corresponden a un edificio protegido por sus "agresivas" y "dudosas" actuaciones, deduciendo así que la intervención carecía de "proyecto de conservación" y supuso el incumplimiento de las leyes nacional y andaluza de patrimonio histórico.

El informe en cuestión, recogido por Europa Press, censura las "demoliciones parciales", el "dudoso" alzado de solerías, la "eliminación sin control de los papeles pintados" pese a remontarse algunos al siglo XIX, o el desmantelamiento "agresivo" de las chimeneas francesas de mármol. A tal efecto, esta institución advertía del supuesto incumplimiento de "un buen número de directrices y preceptos" de la Ley nacional de Patrimonio Histórico y la normativa autonómica en vigor desde 2007 para esta misma materia.

El Grupo andalucista, por su parte, había pedido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos que fuese investigada la supuesta "desaparición" de obras de arte antaño contenidas en el palacio precisamente durante todo este periodo de tiempo.