El ayuntamiento de Écija ha sido uno de los principales promotores de Iniciativas Legislativas Populares en 30 años de historia.

En 30 años de historia del Parlamento andaluz se han registrado 30 Iniciativas Legislativas Populares (ILP), uno de los instrumentos por los que la sociedad civil puede participar en la política más allá del voto cada cuatro años. Ninguna se ha aprobado; cero de 30.

La ILP primero se registra y pasa a los trámites parlamentarios correspondientes (comprobación de que cumple los requisitos especificados en la ley o calificación por parte de la Mesa) y una vez que se comprueban los requisitos y que la Mesa la califica, es necesario que ante la Junta Electoral se tome posesión de las credenciales por parte de los fedatarios, que son las personas encargadas de recoger las firmas, y comprometidas a que las firmas que se presenten sean legales. Entonces se abre el plazo de recogida de firmas y posteriormente se analiza que las firmas presentadas son legales y no se repiten. Ése es el camino. El trámite posterior de las ILP pasa por que la analicen los grupos parlamentarios en pleno o comisión.

Pero ninguna ha corrido esa suerte siquiera. La ILP que más lejos ha llegado fue la de Redmadre, del Foro de la Familia, en defensa de la mujer embarazada. Tras contrastar las firmas, en 2006 se debatió su tramitación, que fue rechazada por PSOE e IU. La iniciativa salió adelante en otros parlamentos.

Las ILP también pueden presentarse por los ayuntamientos. De hecho, desde la primera iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Guillena en 1988, otras 12 iguales de otras entidades locales plantearon hasta 1995 la creación de un fondo de cooperación municipal. Los ecologistas, que demandaron la prohibición de la incineración de residuos, o el sector de los quiosqueros rompieron esta cadencia local, aunque con igual éxito. La declaración de la Semana Santa como Bien de Interés Cultural o la Ley de Caza precedieron a las ILP vinculadas a la crisis a partir de 2011, sobre embargos de vivienda, consultas populares o renta básica. El 15-M y el Ayuntamiento de Écija (con dos) han sido los principales promotores. Todas fueron rechazadas y la única en trámite en la actualidad reclama la modificación del artículo que versa sobre el objeto de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).