Exigen al PP que presente pruebas de por qué
cuestiona el acuerdo de la Haza de Cuesta Blanca.
El gobierno local (PSOE-IU) se ha mostrado dispuesto a investigar
los 27 convenios urbanísticos en marcha si se plantean
dudas sobre lo firmado, tal y como ha planteado el PP haciéndose
eco de lo aparecido en algunos medios de comunicación
que relacionan una recalificación urbanística
en la Haza de Cuesta Blanca con una supuesta trama de corrupción.
Los dos socios de gobierno defienden que “hay absoluta
transparencia en todos los convenios firmados, y si se duda
de nuestra honestidad hay que aportar pruebas”, algo que,
denuncian, no ha hecho el grupo municipal popular.
“Si se duda de un convenio que es igual que los 26 restantes
es que se plantean dudas sobre todos”, afirman los portavoces
de PSOE e IU, “y si se pone en cuestión un acuerdo
urbanístico hay que decir por qué”.
“Al contrario de lo que se está insinuando por
parte de algún grupo político y afirmando por
parte de algún asalariado de estos, aquí no hay
corrupción”, afirma tajante el concejal de Urbanismo
y Hacienda, Salvador Bustamante. El portavoz municipal de IU
entregó el pasado martes a los partidos de la oposición,
en una comisión informativa de Urbanismo convocada de
forma extraordinaria, toda la documentación sobre el
desarrollo y tramitación del expediente urbanístico
del sector en cuestión, para demostrar que “sigue
los mismos criterios que el resto de convenios firmados”.
Bustamante ya se reunió en septiembre pasado con los
arquitectos redactores del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y con concejales de la oposición para informarles
sobre el desarrollo y dinámica del plan, “y por
eso nos sorprende que surjan dudas, pero si se tienen se aclaran”,
apunta el concejal de Urbanismo.
“La revisión del PGOU no es un proceso de recalificaciones
arbitrarias, sino el diseño de la ciudad para los próximos
15 años, siguiendo criterios de interés público”,
explica Bustamante, que recuerda que “los convenios urbanísticos
son un instrumento para diseñar el PGOU”. El planeamiento
contiene 40 convenios en total, de los que se han firmado 27
y 5 ya han pasado por pleno, tras pasar por las fases de elaboración,
acuerdo, firma, alegaciones y, por último, su debate
en el pleno, “los máximos controles legales que
establece la ley”, enfatiza el concejal de IU.
Igual que el resto
La operación de la Haza de Cuesta Blanca está,
según los técnicos municipales “urbanísticamente
justificada”, que consideran colmatada la Urbanización
Vía Augusta y recomiendan urbanizar los sectores contiguos,
integrando en el núcleo urbano ecijano la urbanización.
El convenio de la Haza de Cuesta Blanca sigue los mismos criterios
que el resto. De hecho, el suelo cuya recalificación
ha desatado las críticas del PP (algo menos de 60.000
metros cuadrados) forma parte de un sector mayor de 132.000
metros cuadrados, el resto de los cuales pertenece a otro propietario
“del que no se han planteado dudas”, recuerda el
portavoz municipal del PSOE, Fernando Martínez, “porque
no interesa, porque sólo se quiere enturbiar la vida
pública ecijana”.
“Estamos esperando que el PP aclare el origen de sus dudas”,
dice Martínez, “porque aseguran que no tienen ninguna
sobre el procedimiento ni la tramitación del convenio”.
En el mismo sentido, Bustamante demanda a los populares que
expliquen “si el problema es la propiedad o el momento
de la compra de los terrenos”.
El gobierno local ha recordado que la inclusión en el
PGOU de los 59.900 metros cuadrados de terreno en la Haza de
Cuesta Blanca fue solicitada el 2 de noviembre de 2000, “cuando
gobernaban PA y PP”, y las escrituras de compra de los
mismos por la empresa Hard Center tienen fecha de 21 de mayo
de 2003, “cuando había en Écija un alcalde
del PA y otros responsables en Urbanismo”, apuntan desde
el gobierno.
Los terrenos en cuestión son “una centésima
parte del suelo objeto del PGOU”, calcula Bustamante,
que recuerda que, “omo en los restantes convenios”,
la operación urbanística reportará beneficios
a las arcas municipales, en forma de la cesión del 10%
del suelo urbanizado al municipio y de las plusvalías
generadas, “que revertirán en el patrimonio público
del suelo y en mayor bienestar para los ciudadanos de Écija”,
añade Fernando Martínez.
