Ratificación de la primera sentencia emitida en julio de 2002.
El TSJA condena al consistorio a readmitir a un trabajador

El funcionario fue destituido como bombero tras pedir la dimisión de una concejal del PA por una supuesta actuación arbitraria Deberán abonarle 15.000 euros en concepto de sueldo

El Ayuntamiento de Écija tendrá que readmitir en su puesto como bombero voluntario a Juan Manuel Cano, funcionario despedido en noviembre de 1999 por el anterior gobierno local (PA-PP). Además, deberá pagarle 15.000 euros como sueldo que ha estado más de tres años sin percibir, según ordena el Tribunal Superior de rustida de Andalucía (TSJA).

Cano fue destituido como bombero voluntario el 29 de noviembre de 1999 por el entonces concejal de Interior, Francisco Serrano (PA). El trabajador, que ejerce como policía local en Écija y ha sido hasta este año presidente de la junta de personal por el sindicato CSI-CSIF, llevó el asunto a los tribunales, al entender que las competencias para exigir su cese correspondían al pleno y no a Serrano.

El despido del sindicalista coincidió en el tiempo con la protesta de CSI-CSIF y los otros tres sindicatos representados en el consistorio —CCOO, UGT y Sppme— por el traslado de dos empleados municipales: los sepultureros del cementerio.

Las cuatro centrales sindicales, la junta de personal y el comité de empresa del consistorio se opusieron ala medida y pidieron la dimisión de la entonces responsable del área de Servicios a los Ciudadanos, la concejal andalucista María Isabel Reina. La destitución de Cano se produjo justo a continuación.

Esta actuación dejaba traslucir ajuicio de los sindicatos, que el equipo de gobierno recurría al “acoso” y ala “persecución sindical” contra los representantes de los trabajadores “por cumplir su labor de defensa de los empleados públicos”. Entonces, el equipo de gobierno recurrió la primera sentencia favorable a Cano, emitida por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en julio de 2000, que condenaba al Ayuntamiento de Ecija “a restablecer al demandante en su condición de bombero voluntario de dicho consistorio con las asignaciones económicas correspondientes y al abono de las cantidades dejadas de percibir desde su cese, con el pago de los intereses legales correspondientes”.
El anterior gobierno municipal interpuso recurso de apelación contra esta sentencia, defendiendo la competencia del edil de Interior, argumento desestimado por el TSJA. De este modo, el alto tribunal ha ratificado la primera sentencia, condenando ala administración local a abonar, además de los atrasos debidos al efectivo policial, “las costas de su recurso”..

LAS REACCIONES:

PSOE

Persecución política El portavoz del PSOE, Fernando Martínez, destacó que la sentencia viene a reconocer que el gobierno local del PA persiguió políticamente y tuvo una “actuación llegar’ con el funcionario. “Nosotros acatamos fa sentencia”, dijo.

IU

Represalia del gobierno En opinión del portavoz de IU, Salvador Bustamante, la sentencia “confirma las arbitrariedades y persecuciones contra los trabajadores del mandato anterior”, y sugirió que el funcionario fue “represallado por denunciarlas”