El único requisito que ha puesto el donante a la Junta de Andalucía es que se realice un inventario detallado de la totalidad de las piezas, más de 107.000

El pasado martes se formalizó en la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta el escrito de donación de la colección arqueológica de Ricardo Marsal a la Administración autonómica, la cual tendrá ahora que proceder a su aceptación formal para su posterior publicación en el BOJA. Con ello se pondrá fin a un polémico caso que ha traido de cabeza durante tres años a este ingeniero de Caminos madrileño, principal imputado de la denominada «Operación Tambora», en la que fue incautada una importante colección de piezas arqueológicas de «ilícita procedencia» halladas en dos fincas de su propiedad localizadas entre los términos municipales de Herrera y Écija.

El hecho de aceptar la donación supondrá para la Junta la obligación de evitar cualquier perjuicio para Marsal, de 80 años de edad y que ha dedicado más de tres décadas a reunir esta valiosa colección arqueológica que ya desde 1995 había intentado poner a disposición de la Junta o el Ministerio de Cultura mediante la constitución de una fundación con objeto de preservar los fondos para su estudio por la comunidad científica. Aquellas negociaciones no llegaron a fructificar y años más tarde el procedimiento judicial inició su curso.

El archivo de la causa

El acuerdo al que ambas partes han llegado se produce después de que en diciembre de 2004 la fiscal del Juzgado de Instrucción número 1 de Écija considerase que los hechos objeto de enjuiciamiento «no son merecedores de reproche penal», pidiendo un «sobreseimiento libre y archivo de la causa». En su exposición, la fiscal tampoco aprecia «ánimo de lucro» por parte de Marsal, destacando el «lícito y encomiable ánimo del imputado y los continuos intentos de lograr una solución amistosa con la Administración Pública». No obtante, las diligencias practicadas en dicho Juzgado finalizaron con indicios racionales de criminalidad contra Ricardo Marsal.

En esta tesitura, la aceptación de la donación por parte de la Junta lleva implícita la petición de archivo de la causa abierta contra Marsal que, según ha podido saber ABC, dona la totalidad de los fondos que le fueron incautados, más de 107.000 piezas arqueológicas. En este fondo se incluye tanto el material adquirido con anterioridad a la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 -hasta entonces no estaba penalizado este tipo de adquisiciones- como el posterior. Además, la Junta de Andalucía una vez aceptado el ofrecimiento de Marsal habrá de hacer público el agradecimiento y reconocimiento por la donación, como medida tendente a restablecer el buen nombre del coleccionista, puesto hasta ahora en entredicho. Según fuentes consultadas por ABC, la familia podría llegar incluso a revocar el acuerdo si ese extremo no se llevara a efecto. De hecho, y como un apunte más, se propone que a la colección se le dé la denominación de «Fondo arqueológico Ricardo Marsal».

El donante no ha solicitado compensación económica alguna para hacer efectiva la donación, tan sólo que la Junta de Andalucía lleve a cabo un inventario detallado de todas y cada una de las piezas donadas -de las que una parte aún estaba sin ordenar por su propietario- y no sólo un inventario por lotes. Para la realización del inventario que se reclama, la Administración dispondría de un plazo de dos años.

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