El pasado veintiuno de enero se volvió a vivir una jornada
tensa en el matadero comarcal de Córdoba cuando apenas
han pasado dos meses de la detención de Antonio R.B.,
industrial de Ecija y gerente de la empresa Ecicarnes, concesionaria
de la gestión, al que se le imputó un delito contra
el derecho de los trabajadores extranjeros.
Inspectores de Trabajo realizaron una visita a las instalaciones
de Campo Madre de Dios, acompañados de miembros de la
Brigada de Extranjería de la Policía Nacional,
para comprobar que la empresa cumplía la legalidad.
Un empleado afirmó a este diario que uno de sus compañeros
no tenía contrato y que el empresario "ha dejado
de pagar la Seguridad Social y la mutua y si nos ocurre un accidente
estamos desamparados". Además, según esta
misma fuente, "hasta hace unos días había
trabajando aquí dos rumanos, habiendo matarifes cordobeses
en el paro", añadiendo que "el empresario está
utilizando mano de obra barata".
Los trabajadores mantuvieron una reunión la semana pasada
con el concejal de Comercio, Francisco Tejada, para "preguntarle
por la concesión y nos dijo que no era de su competencia".
Según afirman los empleados, el industrial ha recurrido
la rescisión del contrato ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).
Por su parte, Antonio R.B. manifestó que "hay una
mano negra contra mí y están diciendo que aquí
hay trabajando extranjeros sin papeles, cuando el único
que hay tiene los documentos en regla".
La alcaldesa, Rosa Aguilar, se solidarizó con los trabajadores
y ha reiterado que el Ayuntamiento ya inició los trámites
jurídicos para la rescisión del contrato con Ecicarnes,
"que está claro que no cumple y ni hace las cosas
debidamente" y que se "están siguiendo los
pasos adecuados en este asunto".
El 13 de noviembre la policía detuvo a Antonio R.B. por
tener alojados en el matadero, en condiciones infrahumanas y
trabajando sin contrato, a siete rumanos, que carecían
de documentación y tenían llaves del recinto.
Entre estos extranjeros, que cobraban 20 euros a la semana,
se encontraba una mujer con un hijo de dos meses.
Antonio R.B. negó los hechos y, aunque reconoció
que vivían dos rumanos en una casa del interior del matadero,
dijo que esta vivienda "cumple con condiciones de habitabilidad"
y que "estas personas sólo me ayudan en casos en
que falta algún trabajador por enfermedad".
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