Reclamaciones administrativas de cantidades que oscilan entre los 20.000 y los 200.000 euros presentadas en el registro del Ayuntamiento de Écija por las riadas del pasado año.

Afectados por las inundaciones del pasado año han presentado en el ayuntamiento de Écija reclamaciones administrativas por los daños causados por las lluvias. Todo por lo que consideran no sólo una mala gestión del Ayuntamiento sino también de la Junta y el Gobierno central.

En concreto se trata de nueve vecinos afectados que consideran que con las lluvias sus viviendas han sufrido una depreciación de su valor además de numerosos daños en el mobiliario. Además, el abogado de estas familias, Fernando Osuna, asegura que algunos de ellos han sufrido daños morales y psicológicos.

Las reclamaciones presentadas oscilan entre los 20.000 y los 200.000 euros. Si la respuesta que reciban los afectados por las riadas no resultan satisfactorias, el letrado no descarta recurrir a través de lo contencioso-administrativo.

Sigue indicando el letrado que los costes de peritaje "han disuadido a muchos vecinos cuyo poder adquisitivo se ha visto mermado por la crisis". De hecho, este factor ha retrasado la presentación hasta el límite del plazo, ya que en la madrugada del 6 al 7 de diciembre se cumple un año del comienzo de las inundaciones en Écija, plazo límite de tiempo.

Las reclamaciones, según Osuna, pueden considerarse presentadas también ante las administraciones autonómica y central, dado el convenio vigente según la Ley del Procedimiento Administrativo, por lo que el Consistorio astigitano funciona en este caso como "ventanilla única".

"El Consorcio de Compensación de Seguros no paga estas cantidades, con lo cual los afectados se quedarán sin cobrar, a no ser que reclamen a través de la plataforma que se ha creado", ha subrayado Osuna, que ha agregado que el hecho de que algunos afectados hayan cobrado del Consorcio de Compensación de Seguros no obstaculiza para que puedan reclamar por la vía iniciada, es decir, que pueden cobrar además de lo que ya han recibido del Consorcio.

A partir de ahora, las administraciones cuentan con seis meses para resolver las reclamaciones. El abogado ha expuesto en este sentido que si en este periodo no hay respuesta "tendremos abierta la vía judicial", a través de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Osuna también representa los intereses de en torno a una decena de reclamantes de Lora del Río, por las mismas razones. En este caso, el año de prescripción se ha interrumpido con una reclamación, en un proceso que tendrá su continuidad "cuando tengamos más pruebas y se haya pagado a los peritos".