El alcalde de Ecija, Juan Antonio Wic y la delegada de Obras Públicas, Elena Palacio han visitado hoy las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), cuyas obras han comenzado esta semana, y que cuenta con un presupuesto de 3.868.709 euros, informó hoy el Ayuntamiento.

Las obras serán financiados por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, mientras que el Ayuntamiento se hará cargo del pago de las expropiaciones, que asciende a la cantidad de 150.106 euros, con lo que el municipio cumplirá con la normativa europea que ya ha sancionado con un total de 60.000 euros.

El proyecto de la EDAR tiene el objetivo de recibir y tratar los vertidos de aguas residuales urbanas de la localidad, dando cumplimiento a la Directiva 271/91 de la Comunidad Económica Europea que establece la obligación de depurar las aguas residuales urbanas en todos los núcleos de población mayores a 2.000 habitantes.

Wic expresó su satisfacción por el cumplimiento de la normativa y la protección al medio ambiente situando el comienzo de esta obra como parte del proyecto que engloba la segunda fase de la corta, con la recuperación del cauce antiguo del río Genil, la futura construcción de recolectores y las obras iniciadas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Elena Palacio, por su parte recordó que el incumplimiento de la normativa europea ha provocado que el municipio fuera sancionado en varias ocasiones, durante los años 2002 y 2003, por un total de más de 60.000 euros y estas obras suponen el paso definitivo para que la Estación Depuradora sea una realidad.

Las sanciones fueron la consecuencia de la paralización del proyecto por parte del anterior Gobierno Municipal del PA que «ni siquiera en su último año de mandato, en la elaboración de los presupuestos del 2003, tuvo en cuenta la aportación municipal para realizar las expropiaciones a pesar de que el Proyecto ya se encontraba aprobado por la Junta de Andalucía».

Las obras tienen un plazo de ejecución de 16 meses y 6 meses de puesta en marcha y está atribuida a la empresa pública de Gestión de Infraestructuras Andaluzas, S.A. (GIASA) y licitada y adjudicada a la UTE SANTO INFILCO.