La consejera de Cultura firma la orden por la que legaliza la valiosa colección de 108.000 piezas amasada por el ingeniero madrileño a base de reiteradas adquisiciones ilegales

. La Consejería de Cultura da por finiquitado el largo, tedioso y costoso caso Marsal con la firma, ayer, por parte de la consejera, Rosa Torres, de la orden por la que acepta el ofrecimiento efectuado por el ya retirado ingeniero de Caminos madrileño Ricardo Marsal Monzón "de la totalidad de su colección arqueológica, incluidos los documentos que guardan relación con este denominado Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón que servían para su estudio e inventario", según reza en un comunicado remitido ayer por Cultura.

No será, sin embargo, exactamente todo lo que pase a manos de la Junta, puesto que habrá una mínima parte, testimonial si se quiere, que le será devuelta: la correspondiente a las piezas que adquirió en subastas públicas, en su mayoría procedentes de fuera de España.

Como se recordará, la colección amasada por Marsal a partir de reiteradas y millonarias compras practicadas desde los años 70 en subastas y, sobre todo, a piteros y expoliadores, le fue requisada por el Seprona en febrero de 2002 a resultas de una investigación que comenzó el verano de aquel año y en la que la Benemérita halló indicios suficientes como para intervenir en dos de las fincas que Marsal posee entre los términos de Herrera y Écija. La operación, la más importante de este tipo efectuada en España hasta la fecha, supuso la incautación de 107.862 piezas arqueológicas que, en lo cronológico, abarcan desde el tercer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media, siendo incalculable su valor crematístico.

La Junta, personada en el caso contra Marsal junto a otras administraciones, a quien se acusaba de un presunto delito de receptación de bienes patrimoniales de procedencia ilícita, anunció el pasado febrero un acuerdo con éste para abandonar la vía judicial a cambio de que el ingeniero donase la colección. Y así ha sido, aunque para poder cerrar el acuerdo la Junta haya debido claudicar en un aspecto especialmente sensible: el lavado público de la imagen de Marsal, una exigencia indispensable para poner fin al contencioso.

Según ha reconocido su abogado, su cliente exigía un desagravio al entender que era de justicia reconocer su generosa aportación al patrimonio andaluz. Y Cultura, no sin polémica interna, lo hace constar en el comunicado: "(...) [a Marsal] ha de agradecerse su gesto por su contribución al enriquecimiento del Patrimonio Histórico andaluz".

Visto en perspectiva, Marsal ha pasado de estar acusado de incentivar el mercado del expolio con sus convulsivas compras, por lo que fue puesto a disposición judicial, a quedar como un donante al que el Gobierno andaluz le alaba el gesto. Ante tal desenlace, hay quien se pregunta si no se ha sido demasiado benevolente con el ingeniero, aunque hay coincidencia en que, en un caso de la potencia de éste, lo relevante es velar por la colección, cuya salvaguarda ha quedado garantizada.

No en vano, los fondos –custodiados por mandato judicial en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico desde mayo de 2002– seguirán en estas dependencias durante los dos años mínimos que precisará un equipo externo para realizar la catalogación de los 2.870 lotes en que se ha dividido la colección. Transcurrida esta tarea, habrá un reparto por los museos arqueológicos provinciales o bien cesiones a aquéllos locales reconocidos por la Junta.

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